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REIMS (Champagne-Ardenne - 30/05/2008)
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Resolución sobre la reforma de la OCM-Vino de la UE.

DECLARACIÓN DE REIMS

Adoptada en la sesión plenaria de la AREV del 30 de mayo de 2008 que reunió a unos 120 delegados políticos y profesionales de 50 Regiones de 17 países de Europa

La Asamblea de las Regiones Europeas Vitícolas (AREV) tomó acto del difícil acuerdo político logrado frente a la Comisión por los 27 ministros de agricultura el pasado 19 de diciembre. Dicho acuerdo tendrá consecuencias considerables sobre la viticultura europea que por cierto trastornará equilibrios logrados a lo largo de varios decenios.

Los diputados europeos habían relevado ampliamente dichas posturas de la AREV en el informe Castiglione, que adoptaron la semana anterior con una mayoría aplastante. El Parlamento confirmó así que las tradiciones seculares representan más bien una fortaleza a largo plazo para los vinos europeos al contrario de las imitaciones de las prácticas vitícolas de algunos países del Nuevo Mundo cuyos límites aparecen claramente ya sobre el mercado.

El sector vitivinícola representa en Europa un sector con un peso económico considerable y cuyas actividades marcan de manera determinante nuestras Regiones por lo que se justifica plenamente el mantenimiento de una OCM vitícola específica.

El proyecto de reglamento de aplicación propuesto por la Comisión deja temer una deriva al transponer el acuerdo político y ello más aún ya que no se toman en cuenta en su elaboración las peculiaridades territoriales. Por lo tanto, la AREV pide que los Estados miembros se cercioren de que las propuestas liberales rechazadas por el Consejo de Ministros no se vuelvan a introducir de manera indirecta.

La AREV reafirma especialmente los siguientes puntos:

- La AREV recuerda su oposición a la supresión de los derechos de plantación y pide a los Estados miembros que no resuelven sobre la abrogación de dicho sistema sino después del informe intermediario de 2012;

- La AREV siempre se pronunció en contra del hecho de mencionar la variedad y la añada sobre las etiquetas de los vinos de mesa puesto que semejante medida resulta contraria a los esfuerzos cualitativos deseados por la propia Comisión e induce un riesgo de confusión para el consumidor. Mantiene su crítica en contra de dicha resolución y se pronuncia a favor de una vuelta a la antigua reglamentación. Les pide a los Estados miembros y a la Comisión que, por lo menos, controlen rigurosamente la incidencia de tal sistema sobre los vinos que disfrutan de la Denominación de Origen y, en su caso, que modifiquen dicha resolución;

- La AREV subraya que las prácticas enológicas seculares que forman parte de la tradición vitícola representan una fortaleza sobre el mercado. La autorización de prácticas nuevas sólo resulta pues lícita cuando éstas representan un interés general y comunitario tanto para los productores como para los consumidores. No deben, en absoluto, modificarse según las conveniencias de unos grupos de presión. Se trata de una competencia política que debe permanecer al Consejo de Ministros;

- La AREV reafirma que el programa de arranques no debe conllevar la desaparición de viñedos históricos de gran importancia socioeconómica, paisajística y de biodiversidad, cuya desaparición destruye la peculiaridad de territorios enteros, en especial, en los viñedos en terrenos de gran pendiente;

- La AREV le pide a la Comisión que acepte, de conformidad con el principio de subsidiariedad, los modos de medición de las superficies vitícolas vigentes en los Estados miembros. Un nuevo sistema conllevaría una deriva burocrática inaceptable y costes insoportables, sin hablar del riesgo de que sean directamente inducidos nuevos derechos de plantación.

Recordando su adhesión al principio de subsidiariedad, la AREV invita a los Ministros de agricultura a tomar en cuenta los acervos y la experiencia en materia de gestión regional y nacional de las ayudas, de conformidad con las respectivas competencias. Les ruega que vigilen muy especialmente la transposición por parte de la Comisión del acuerdo político logrado por ellos y no permitan que se registren orientaciones o disposiciones irrevocables.